¿Conocía José Antonio Griñán el sistema ilegal de reparto de los fondos públicos ideado por la Junta de Andalucía y sobre el que la Intervención General alertó en reiteradas ocasiones acerca de su ilegalidad? Esa pregunta es la que todavía no ha descifrado la juez Mercedes Alaya, pese a que en varios de sus autos y en el informe de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo se apunta que debió conocerlo. Griñán, como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, recibió los informes del órgano fiscalizador que advertían de la irregularidad del procedimiento en la tramitación de subvenciones. El presidente andaluz asegura que no los recepcionó porque de eso se encargaba su viceconsejera –Carmen Martínez Aguayo, hoy consejera de Hacienda en su Ejecutivo–. Martínez Aguayo respalda la versión de su jefe y se autoexculpó porque, aunque se los enviaron, jamás los leyó. En el caso de Griñán hay una segunda vía que puede perjudicarle: las modificaciones presupuestarias que firmó para «engordar» el «fondo de reptiles». Un informe preliminar de la Cámara de Cuentas consideró que eran irregulares. El problema es que el definitivo aún no ha sido aprobado y, de momento, no estará disponible para la comisión de investigación. Griñán siempre ha dicho que está tranquilo.
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